El término ética se refiere a los principios
aceptados sobre lo correcto o incorrecto que rigen el comportamiento de una
persona, los miembros de una profesión o las actividades de una organización.
La ética de los negocios comprende los principios sobre lo correcto o
incorrecto que gobiernan la conducta de los empresarios.
Un problema ético es aquello que no está
correcto y que afecta al individuo y a la sociedad. En un sentido amplio es un
acontecimiento en el que se plantea una situación posible en el ámbito de la
realidad pero conflictiva a nivel moral.
Muchos de los dilemas éticos de las empresas internacionales se originan
en las diferencias significativas de los sistemas políticos, las leyes, el
desarrollo económico y la cultura entre diversas naciones. Lo que se considera
un uso normal en un país es inmoral en otros.
Cuando las condiciones laborales en otra nación son muy inferiores a los
que privan en el país de la multinacional, ¿Qué criterios deben aplicarse? ¿Los
de la nación de origen, los de la anfitriona o algo intermedio entre ambos? Si
algunas naciones en desarrollo son comunes las jornadas de 12 horas, pagos
bajísimos y falta de protección contra
sustancias toxicas, ¿significa que es correcto que una multinacional tolere
estas condiciones en sus filiales, o que les pase por alto al recurrir a
contratistas locales?
Por ejemplo, en los noventa, Nike estuvo en el centro
de una tormenta de protestas cuando los noticieros revelaron que las condiciones
de trabajo de muchos de sus subcontratos eran muy pobres. Uno de los más
polémicos fue el hecho por 48 horas (programa noticioso de la CBS 1996).
El reporte mostro imágenes de jóvenes mujeres
vietnamitas que trabajaban para un subcontratista durante seis días a la semana
con materiales tóxicos, en condiciones deplorables por tan solo 20 centavos la
hora. En el reportaje también se informó que un salario suficiente para vivir en Vietnam era
de por lo menos tres dólares diarios, cifra que no se gana con el
subcontratista sin trabajar muchas horas extras. Nike y sus contratistas no
infringían las leyes, pero este reportaje, y otros semejantes, plantearon dudas
sobre la ética de explotar trabajadores para hacer los artículos de moda. Será legal, ¿Pero es ético
recurrir a subcontratistas que según criterios occidentales explotan a su mano
de obra? Los criterios de Nike piensan que no, y la compañía es el centro de
una ola de manifestaciones y boicots de consumidores. Estas revelaciones sobre
los subcontratistas de Nike obligaron a la compañía a reexaminar sus prácticas. Cuando la dirección de Nike se
dio cuenta de que aun que no rompía ninguna ley, sus prácticas de
subcontratación se consideraban inmorales, estableció un código de conducta
para sus subcontratistas e instituyo
revisiones anuales para todos ellos, por parte de auditores independientes.
Una buena manera de precaverse de abusos éticos es establecer
normas mínimas aceptables de defensa de los derechos básicos y la dignidad de
los empleados, investigar periódicamente a las filiales foráneas y los
subcontratistas para verificar que cumplan con las normas y aplicar los
remedios en caso contrario.
En las empresas internacionales pueden surgir dudas sobre los derechos
humanos básicos, los cuales no se respetan universalmente. Derechos que se dan
por sentado en las naciones desarrolladas, como la libertad de asociación, de
expresión, de reunión, de movimiento, de ideas políticas, etc.
Uno
de los ejemplos más patentes proviene de Sudáfrica en los días del régimen de
los blancos y el apartheid, que terminó hasta 1994, el cual negaba los derechos
políticos básicos a la mayoría de la población negra, imponía la segregación de
blancos y negros, reservaba ciertas ocupaciones para los blancos y prohibía que
los negros ocuparan puestos que implicaran supervisar a una persona blanca.
A
pesar del abominable sistema, algunas empresas occidentales operaban en ese
país. Sin embargo, en la década de 1980 muchos cuestionaron la moralidad de
estado de cosas. Afirmaron que la inversión de las multinacionales extranjeras,
al fomentar la economía sudafricana, sostenía al régimen represivo del
apartheid. Es así que a fines de la década de 1970 varias empresas comenzaron a
cambiar sus políticas. General Motors, que tuvo actividades importantes en
Sudamérica, se puso a la vanguardia de esta tendencia. La empresa adoptó los
que luego le llamaron Principios de Sullivan, por León Sullivan, ministro bautista
negro y miembro del consejo directivo de GM. Sullivan razonó que solo era ético
que la compañía opera en Sudamérica si se cumplían dos condiciones:
·
Que
no obedeciera las leyes de Apartheid en sus operaciones Sudafricanas (una forma
de resistencia pasiva).
·
Que hiciera todo lo que estuviese en su poder
para promover la derogación de esas leyes.
Otras
empresas estadounidenses que operaron en Sudáfrica adoptaron los principios de
Sullivan. El gobierno sudafricano pasó por alto la infracción a las leyes de
apartheid. Sin embargo, después de 10 años, León Sullivan concluyó que sus
principios no eran suficientes para quebrantar el régimen del Apartheid y que
cualquier compañía estadounidense, incluso las que se apegaran a dichos
principios, no tenía justificación ética alguna para permanecer en Sudáfrica.
En
los siguientes años, numerosas compañías retiraron sus inversiones del país,
entre ellas Exxon, General Motors, Kodak, IBM y Xerox. Al mismo tiempo, muchos
fondos de pensiones estatales declararon que no comprarían acciones de
compañías que comercian con Sudáfrica, lo que sirvió para persuadir a otras empresas
de que desmantelaran sus operaciones sudafricanas. Estos retiros aunados a la
imposición de Sanciones económicas de Estados Unidos y otros gobiernos,
contribuyen a la caída del régimen blanco minoritario del Apartheid, y a la
celebración de elecciones democráticas en 1994. Así, se dice que la adopción
de una postura ética sirvió para mejorar los derechos humanos de Sudáfrica.
A
menudo se dice que las inversiones de una multinacional impulsan el progreso
económico, político y social, lo que a fin de cuentas fortalece los derechos
individuales en los regímenes represivo. Según esta idea, ¿Es ético que una
multinacional haga negocios en países que no cuentan con las estructuras
democráticas ni los antecedentes de derechos humanos que poseen los países desarrollados?
Por ejemplo, a menudo las inversionistas en China se justifican con el
argumento de que, si bien el historial de los derechos de los humanos del país
es impugnado por los grupos defensores y ahí no existe democracia, los flujos
de inversión estimulan el crecimiento económico y elevan la calidad de vida. Al
cabo, estos acontecimientos generan presiones del pueblo chino para instituir
un gobierno más participativo, pluralismo político y libertad de expresión y de
discurso. Pero también se presentan casos particulares como en Myanmar y
Nigeria con la empresa Royal Duch/Shell, que agudizan el dilema.
Surgen problemas éticos cuando la reglamentación ambiental de las
naciones donde se instalan las multinacionales contiene normas oficiales muy
inferiores a las de su país de origen. Muchas naciones desarrolladas han
expedido minuciosas normas oficiales sobre la emisión de contaminantes,
descarga de sustancias toxicas, uso de materiales peligrosos en el trabajo,
etc. Por el contrario, con frecuencia muchas naciones en desarrollo carecen de
estas normas y, de acuerdo con los críticos, el resultado es que la operación
de las multinacionales genera concentraciones de contaminantes mayores de las
que se les permite en su país de origen. Por ejemplo, el caso de las petroleras
extranjeras en Nigeria. Según un informe de activistas ambientales nigerianos
en 1992, en el delta del Níger.
¿Una multinacional debe sentirse libre para contaminar
en una nación en desarrollo? Difícilmente puede considerarse ético. ¿Se corre
el riesgo de que administradores inmorales trasladen la producción a una nación
en desarrollo precisamente porque no se exigen
costosos controles de la contaminación y la compañía tenga la libertad de
deteriorar el ambiente y quizá poner en peligro a los habitantes, en el afán de
reducir los costos de producción y ganar una ventaja competitiva? ¿Qué es lo
correcto, lo moral, en esas circunstancias? ¿Contaminar en aras de las ganancias económicas o
verificar que las filiales extranjeras se apaguen a normas comunes de control
de contaminantes?
Algunas partes del ambiente natural son un bien
público; no son propiedad de nadie y nadie puede desperdiciarlos, donde quiera
que se origine la contaminación, se causan daños a todos. En tales casos, se
produce el fenómeno llamado tragedia de los recursos comunes, que ocurre cuando
un grupo sobreexplota un recurso que pertenece a todos, pero que no es de
nadie, y lo degrada. Garret Hardin acuño el nombre del fenómeno cuando
describió un problema del siglo XVI en Inglaterra. Grandes extensiones
abiertas, llamadas tierras comunes, estaban
a disposición de todos para llevar a pastar animales. La gente pobre tenía en
ellas a su ganado para completar sus
magros ingresos. A todos les convenía meter más y más cabezas, pero la consecuencia social fue que
se introdujeron muchos más animales de los que las tierras podrían sostener. El
resultado fue el pastoreo excesivo, la degradación de los que las tierras comunes y la pérdida
del complemento que tanto necesitaban.
En el mundo moderno, las corporaciones contribuyen a
la tragedia de las tierras comunes cuando se llevan la producción a lugares
donde se sienten en libertad de arrojar los contaminantes a la atmósfera o a
mares y ríos, con lo que dañan estos valiosos recursos planetarios. Estas
acciones son legales, pero, ¿son éticas?; asimismo, faltan a las naciones
básicas de ética y responsabilidad social.
La corrupción ha sido un problema de casi
todas las sociedades de la historia, y todavía lo es. Las empresas
internacionales pueden y han ganado ventajas económicas por entregar pagos a
tales funcionarios. Un ejemplo clásico es el de un muy conocido incidente de la
década de 1970. Carl Kotchian, presidente de Lockheed, entrego 12,5 millones de
dólares a agentes y funcionarios del gobierno de Japón para conseguir que
Nippon Air hiciera un pedido grande de si Jet TriStar. Cuando se descubrieron
los pagos, los funcionarios estadounidenses acusaron a Lockheed de falsificar
sus libros y de violaciones fiscales. Aunque se pensaban que estos pagos se
consideraban una práctica comercial aceptada en Japón (como una forma muy
lujosa de regalos), las revelaciones causaron un escándalo. Los ministros
involucrados enfrentaron acusaciones penales. Uno se suicidó. El gobierno cayó
en desgracia y los ciudadanos japoneses se sintieron defraudados. Los
resultados de la investigación indicaron que eran sobornos a funcionarios
corruptos para conseguir un pedido grande que, en otras circunstancias habría
sido para otro fabricante, como Boeing.
En estados Unidos, el caso Lockheed impulsó
la aprobación en 1977 de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esta
regulación prohibió el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para obtener
negocios. Algunas empresas sostuvieron que la ley pondría a las campañas
Estadounidenses en una desventaja competitiva. La ley se enmendó para dar
licitud a los “Pagos de facilitación”. Estos pagos, también llamados “Pagos
aceleradores” (Para acelerar burócratas) lo cuales no se destinan a conseguir
contratos que de otro modo no estarían seguros, ni tampoco a recibir trato
preferenciales. Más bien se hacen con el fin de recibir el trato ordinario que
debe recibir una empresa de un gobierno extranjero, pero no tienen que deberse
a la obstrucción de un funcionario oficial.
En 1997, los ministros de comercio y Finanzas
de los estados miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo
económicos (OCDE) siguieron el ejemplo de Estados Unidos y adoptaron una Convención Para Combatir El Soborno De
Funcionarios Públicos Extranjeros En Las Transacciones Comerciales. La
convención, que entro en vigor en 1999, obliga a los estados miembros a tipificar
como delito el pago de sobornos a los funcionarios públicos extranjeros. La
convención excluye los pagos de facilitación para agilizar las actividades
rutinarias del gobierno.
En muchos países, los pagos de los
funcionarios del gobierno en forma de aceleradores son parte de la vida
cotidiana. Desde el punto de vista práctico, sobornar, aunque sea un mal menor,
puede ser el precio necesario por hacer un bien mayor (Si se supone que la
inversión generará empleos que antes no existían, y que la práctica no sea
ilegal).
·
Varios economistas defienden este
razonamiento y aseguran que en contexto de normas engorrosas en los países en
desarrollo, la corrupción puede mejorar la eficiencia y estimular el
crecimiento. Como parte de su enfoque, sostiene la hipótesis de que un país
donde las estructuras políticas distorsionan o limitan el funcionamiento de los
mecanismos de mercado, la corrupción, en forma de mercado negro, contrabando y
pagos subrepticios a los burócratas para que “aceleren” la aprobación de
inversiones puede aumentar el bienestar. Con base de estos argumentos el
congreso Estadounidense exceptuó los pagos de facilitación de La Ley De
Prácticas Corruptas En El Extranjero.
·
Otros economistas afirman que la corrupción
reduce el rendimiento sobre las inversiones de las empresas y deteriora el
crecimiento económico. En un país donde la corrupción es común, burócratas
improductivos que exigen pagos subrepticios por conceder una licencia a una
empresa pueden apropiarse de las ganancias que arrojen las actividades empresariales.
Esta práctica reduce el incentivo de las empresas para invertir así como el
ritmo de crecimiento económico de un
país. Un estudio de la relación entre corrupción y crecimiento económico de 70 países
revela que dichos pagos tenían un significado efecto-negativo en el ritmo de
crecimiento de un país.
Finalmente se podría concluir que es difícil
generalizar y que la demanda de dinero para acelerar trámites es una verdadera
disyuntiva moral. Si, la corrupción es mala, y, si, puede dañar el desarrollo económico
de un país; pero también hay casos en que los pagos subrepticios a funcionarios
gubernamentales derivan barreras burocráticas a las inversiones que generan
puestos de trabajo. Sin embargo, esta postura pragmática pasa por alto que la
corrupción corrompe tanto al que da como al que recibe. La corrupción se
alimenta sola y en vez que un individuo comprende ese camino, es difícil o
imposible dar marcha a otras. Este argumento refuerza la opinión ética de que
nunca se debe aceptar la corrupción, por atractivos que parezcan sus
beneficios.
Las
corporaciones multinacionales tienen un poder que procede de su control sobre
los recursos y su capacidad de trasladar la producción de un país a otro.
Aunque este poder está acotado no sólo por leyes y normas, sino también por
disciplina del mercado los procesos
competitivos, no deja de ser relevante. Algunos filósofos morales afirman que
el poder implica responsabilidad social, para las multinacionales, de dar algo
de reciprocidad a las sociedades que prosperan y crecen. El concepto de responsabilidad social se refiere a la
idea de que los empresarios deben contemplar las consecuencias sociales de los
actos económicos cuando toman decisiones de negocios, y que se deben preferir
las decisiones que tienen resultados económicos y sociales positivos. Sin embargo,
algunas multinacionales abusan de su poder para sacar ventajas indebidas.
No siempre están bien definidas las obligaciones éticas de una
corporación multinacional respecto de las condiciones laborales, derechos
humanos, corrupción, contaminación ambiental y el uso del poder, y en ocasiones
no hay acuerdos sobre principios éticos aceptados. Desde el punto de vista de una
empresa internacional, algunos opinan que lo ético depende de la perspectiva
cultural de cada persona. A menudo los administradores enfrentan disyuntivas
morales muy reales.
Los
dilemas éticos: son situaciones en
las que ninguna opción parece aceptable desde el punto moral. Hay dilemas
éticos que son complicados y difíciles de contextualizar, y además se
fragmentan en secuelas de primero, segundo o tercer orden, lo que complica su
cuantificación. De ninguna manera es fácil hacer lo correcto, o siquiera saber
que es lo correcto.
CAPÍTULO
La
ética de las empresas va de la mano con la ética personal, que consisten en los
principios aceptados de lo correcto y lo incorrecto conforme a los cuales los individuos
articulan su conducta. El código de ética personal que guía nuestro proceder
proviene de varias fuentes, como la familia, escuela, religión y medios de
comunicación. Nuestro código personal ejerce una influencia profunda en nuestro
comportamiento como empresarios. Es menos probable que un individuo con un
sentido firme de la ética personal se muestre inmoral en un contexto de negocios.
De aquí se deduce que el primer paso para inculcar un sentimiento profundo de
ética empresarial es que la sociedad insista en una ética personal sólida.
Los
administradores de una nacionalidad que trabajan en el extranjero para
multinacionales sufren presiones adicionales para faltar a su ética personal.
Están lejos de su propio entorno social y la cultura que los abriga; además,
también lo están, emocional y geográficamente, de la matriz de su compañía.
Quizá se encuentren en una cultura que no confiere el mismo valor a normas
éticas importantes en su país de origen, y tal vez están rodeados de empleados
locales que ostentan criterios éticos menos rigurosos a veces la matriz
presiona a los administradores expatriados para que alcancen metas como realistas
solo asequibles si se toman atajos o se actúa inmoralmente.
Por
ejemplo, para cumplir las metas de desempeño impuestas desde la matriz, los
administradores expatriados pueden sobornar para ganar contratos, o establecer
condiciones de trabajo y controles ambientales inferiores o las normas
aceptables mínimas. En ocasiones, los administradores locales alimentan a los
expatriados para que caigan en esa conducta, de modo que dicha conducta se
arraiga y persiste.
En muchos estudios del comportamiento
antiético en las empresas se concluye que los empresarios no siempre están
conscientes de que su conducta no es ética, en particular porque no cuestiona
la moralidad de una decisión o un acto. En cambio, aplican sin más un cálculo
comercial a la que les parece una decisión empresarial, pero olvidan que esta
también puede tener una vertiente importante. La falla radica en procesos que
no incorporan consideraciones éticas a la toma de decisiones comerciales.
El ambiente de algunas empresas no estimula
la reflexión personal sobre las consecuencias éticas de las decisiones
comerciales. Esta deficiencia nos lleva a la tercera causa de comportamiento
inmoral de las empresas: una cultura
organizacional que resta importancia a la ética comercial y reduce todas las
decisiones a lo puramente económico. El término cultura organizacional se
refiere a los valores y normas que comparten los empleados de una organización.
Los valores son ideas abstractas sobre lo que un grupo considera bueno,
correcto y deseable, mientras que las normas son las reglas y guías sociales
que dictan la conducta propia de cada situación. Así como las sociedades tienen
culturas como las tienen las organizaciones sociales, en conjunto valores y
normas moldean la cultura de una organización comercial, cultura que ejerce una
gran influencia en la ética de la toma de decisiones empresariales.
Robert Bryce explica que la cultura
organizacional de la ahora en quiebra multinacional de energía Enron se fundaba
en valores que privilegiaban la codicia y el engaño. De acuerdo con Bryce
ponían el ejemplo los administradores, que realizaban transacciones personales
para enriquecerse ellos y sus familiares. Relató que el ex director ejecutivo
de Enron, Kenneth Lay, no dejó, de servir a su familia con la cuchara grande de
la empresa. Cuando un auditor interno recomendó que la compañía cambiara de
agencia para funcionar mejor, poco tiempo pasó para que lo despidiesen.
En 1997, Enron compró una compañía del hijo
de Lay, Marck Lay, que quería establecer una empresa comercializadora de papel
y productos de pulpa de papel. En aquella época, Marck Lay y otra compañía que
controlaba estaban sometidas a investigaciones de las autoridades federales por
quiebra fraudulenta y desfalco. Como parte del trato, Enron firmó con Marck un
contrato de tres años como ejecutivo, en cuyo lapso se le garantizaba un pago
de por lo menos un millón de dólares más la opción de pronta de alrededor de 20
000 acciones de Enron. Con Kennetn Lay como ejemplo, no sorprende que las
transacciones personales se convirtiesen en epidemia en Enron.
La presión de la matriz para que las filiales alcancen metas de
desempeño, como realistas, son solo posibles si se toman atajos y se actúa de
manera inmoral. Bryce expone este mecanismo en Enron. El director ejecutivo que
sucedió a Kenneth Lay, Jeff Skilling, fijó un sistema de evaluación de
desempeño que cada seis meses recortaba a 15% de quienes quedaban por debajo de
la marca. Así se generó una cultura de “olla de presión” con un enfoque miope
en el desempeño de corto plazo. Algunos ejecutivos e intermediarios de energía
respondieron a la presión falsificando su desempeño para que pareciera que
había rendido más, la lección de la debacle de Enron es que una cultura
organizacional puede legitimar una conducta que la sociedad considera inmoral,
en particular cuando se combina con metas de desempeño irreales, como maximizar
el rendimiento económico de corto plazo a cualquier costo. En estas
circunstancias, es más probable que los administradores pasen por alto su ética
personal y se conduzcan en forma no ética. En el mismo sentido, la cultura de
una organización puede hacer lo contrario y reforzar la necesidad de mostrar un
comportamiento ético. Por ejemplo, en Hewlett-Packard, Bill Hewlett y David
Packard, fundadores de la compañía, defendieron un conjunto de valores
conocidos como “el estilo HP” los que determinan que la forma de hacer negocios
en la corporation, tienen un componente ético importante. Destacando la
necesidad de confiar y respetar a las personas, la comunicación abierta y el
interés por los empleados como individuos.
Los
ejemplos de Enron y Hewlett-Packard señalan la quinta causa básica de
comportamiento inmoral: Liderazgo. Los líderes contribuyen a fijar la cultura
de la organización y ponen el ejemplo para los demás. Con frecuencia, los
empleados de la empresa se guían por lo que hacen sus jefes, y si éstos no se
comportan de manera ética, ellos tampoco lo harán. Por ejemplo, Enron tiene un
código de ética al que Kenneth Lay se refería a menudo, pero sus acciones de
enriquecimiento familiar pesaron más que sus palabras.
Las doctrinas amorales de la ética empresarial son producto de
estudiosos de la materia cuyo objetivo primordial es demostrar que ofrecen una
guía inadecuada para tomar decisiones éticas en una empresa multinacional. En
la bibliografía se suelen abordar cuatro doctrinas: la doctrina Friedman, el
relativismo cultural, el moralista recto y el inmoralista inocente. Todos estos
enfoques tienen algún valor, pero son muy insatisfactorios. Sin embargo,
algunas empresas lo adoptan.
En 1970, el economista premio Nobel
Milton Friedman escribió un artículo lo que desde entonces se convirtió en una
doctrina amoral, que los estudiosos de la ética de los negocios exponen solo
para despedazarla.
La postura
básica de Friedman es que la única responsabilidad social de las empresas es
aumentar las utilidades, siempre que observen la ley. Rechaza explícitamente la
idea de que las empresas deban realizar gastos sociales aparte de los que exige
la legislación y los que sean necesarios para su buen funcionamiento.
Por ejemplo, sostiene que mejorar las condiciones
laborales por encima de la ley, y de lo necesario para aumentar al máximo la
productividad de los empleados, reduce las utilidades y por lo tanto no es
apropiado. Opina que una empresa debe maximizar sus utilidades por que es la
manera de optimizar los rendimientos que
se deben a los dueños de la empresa: sus accionistas. Luego, si los accionistas
quieren usar las ganancias para hacer inversiones sociales, en su derecho, pero
los administradores no deben tomar esta decisión por ellos.
Aunque Friedman habla más de la responsabilidad social
que de ética empresarial como tal, los expertos en esta materia equiparan
responsabilidad social con comportamiento ético, y en consecuencia piensan que
Friedman también se oponen a la ética en los negocios. Sin embargo, no es del
todo cierto que Friedman argumente contra la ética, pues el mismo dice: Hay una, y solo una, responsabilidad
social de las empresas: usar sus recursos y dedicarse a las actividades
destinadas a aumentar sus utilidades, siempre que respeten las reglas del
juego, lo que equivale a entregarse a la competencia abierta y libre, sin
engaños ni fraudes.
En otras palabras Friedman afirma que las empresas
deben conducirse de manera ética, sin engañar ni cometer fraudes.
Sin embargo, sus argumentos no resisten una investigación
seria, sobre todo en el ámbito de los negocios internacionales, en los que
‘‘las reglas del juego’’ no están bien definidas o varían de manera notable
entre los países. Volvamos al caso de las fábricas donde se explota la mano de
obra. Quizá el trabajo infantil no sea ilegal en un país en desarrollo, y
maximizar la productividad no requiera que una empresa multinacional deje de recurrir a esa mano de
obra; pero de todos modos es inmoral explotar el trabajo de loa niños porque
contradice ideas muy universales sobre lo correcto. Del mismo modo, tal vez no
haya reglas contra la contaminación en un país subdesarrollado, y gastar en
controlarla reduzca las utilidades de la empresa, pero, según nociones
generales de moralidad, se debe sostener que de todos modos es inmoral arrojar
contaminantes tóxicos a ríos o envenenar por aire. Además de las consecuencias
de esa contaminación, hay secuelas mundiales por que los contaminantes degradan
dos recursos comunes planetarios indispensables para todos: la atmosfera y los
mares.
Sostiene la opinión de que la ética no es más que un reflejo de una
cultura, y que, por consiguiente, las empresas deben adoptar las normas éticas
de la cultura donde operan. Este enfoque se resume en la máxima: “a donde puedes, has lo que vieres”. En
su versión más radical, afirman que si una cultura es esclavista, es correcto recurrir
a esclavos en ese país. El relativismo cultural rechaza implícitamente nociones
universales de moralidad que trasciendan las culturas, cuando, como diremos más
adelante, en todas las culturas se encuentran algunas ideas morales comunes.
Algunos especialistas en ética, aunque rechazan el
relativismo cultural en su forma más extrema, afirman que de todos modos posee
algún valor. Los valores y normas sociales difieren entre las culturas y otro
tanto pasa con las costumbres, de lo cual se desprende que ciertas prácticas
empresariales son éticas en un país pero no en otro. En efecto, los pagos de
facilitación que acepta la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero pueden
verse como la aceptación de que, en algunos países, es necesario hacer estos
pagos a los funcionarios del gobierno para cumplir los tramites, y aunque desde
el punto de vista ético no es deseable, por lo menos es aceptable.
Ahora bien, no todos los filósofos morales ni todas
las compañías están de acuerdo con esta solución pragmática. La experiencia de la
petrolera BP indica que las compañías no deben valerse del relativismo cultural
para justificar una conducta con bases éticas dudosas, aunque el comportamiento
sea legal y aceptado en el país donde la compañía hace sus negocios.
Un moralista virtuoso afirma que los criterios éticos del país de origen
de una multinacional son los que deben aplicarse en otros países. Este enfoque
es característico de los administradores de naciones desarrolladas. A primera vista parece
renovable, pero también pueden crear problemas.
Consideremos el ejemplo siguiente. Un ejecutivo de un
banco estadounidense de la sucursal local recomendó que se declararan muchas
menos utilidades con objeto de reducir el impuesto sobre la renta. El
administrador insistió en que el banco hiciera una declaración exacta de sus
utilidades, al estilo de Estados Unidos. Cuando las autoridades fiscales
italianas auditaron la empresa, le informaron que debía tres veces más de
impuestos de los que pagó, porque el fisco suponía por rutina que todas las
empresas reducen dos terceras partes de su declaración. A pesar de sus
protestas, no pudo cambiar la nueva cobranza. En este caso, el moralista
virtuoso se metió en un problema a causa de las normas culturales prevaleciente
en el país donde opera.
La principal crítica al enfoque del moralista virtuoso
es que se llega demasiado lejos. Hay ciertos principios morales universales que
no deben violarse, pero no siempre se debería de que lo correcto sea adoptar
las normas del país de origen.
El inmoral inocente asegura que si un administrador de una multinacional
se percata de que las empresas de otras naciones no siguen normas éticas en el
país anfitrión, él tampoco debe hacerlo. Un ejemplo clásico es el llamado
problema del traficante de drogas. En una variante del problema un
administrador estadounidense en Colombia paga por rutina a un narcotraficante
local para que no ponga una bomba en su planta ni secuestre a ninguno de sus
empleados. El administrador explica que estos pagos tienen justificativo ético,
porque todos lo hacen.
La objeción es doble. En primer lugar no basta declarar
que un acto se justifica porque todos lo hacen. Si las empresas de un país
emplean a niños de 12 años y los hacen trabajar 10 horas diarias, desde el
punto de vista moral no está bien. No tiene que acatar las prácticas locales y
puede decidir no invertir en un país donde son tan abominables.
En segundo lugar, la multinacional debe aceptar que
tiene capacidad una práctica común de un país. Puede ejercer su poder con una
finalidad moral positiva.
Volviendo al traficante podría argumentarse que los
pagos tienen una justificación ética, no porque todos los hagan, sino porque no
hacerlo causaría un daño mayor (es decir, si el narcotraficante no cobra nada,
mataría y secuestraria a los empleados de la empresa), Otra solución es negarse
a invertir en un país donde el imperio de la ley es tan débil que los
delincuentes exigen dinero a cambio de protección. Sin embargo, esta solución
tampoco es perfecta, porque se niega a los cuidados obedientes de la ley los
beneficios de las inversiones de la multinacional (es decir, puestos de
trabajo, ingresos, crecimiento económico). Es obvio que el problema del
traficante de drogas constituye una de esas inabordables disyuntivas morales
para las que no hay una solución correcta obvia, y los administradores
necesitan una guía moral para encontrar una salida aceptable.
Estos enfoques se establecieron en los siglos XVIII y XIX, y, aunque han
sido superados por doctrinas modernas también forman parte de la tradición
sobre la que ésta se asienta.
El utilitarismo en la ética de los negocios se remonta a filósofos como
David Hume (1711-1776), Jeremy Bentham (1784.1832) y John Stuart Mill
(1806-1873). El utilitarismo sostiene que la valía moral de actos o prácticas
se determina por sus consecuencias. Un acto es deseable si lleva el mejor
equilibrio de buenas consecuencias sobre las malas. El utilitarismo se dirige a
la maximización del bien y la minimización del daño. Reconoce que los actos
tienen múltiples consecuencias, algunas buenas en el sentido social y otras
nocivas, Como filosofía de la ética empresarial, centra la atención en la
necesidad de ponderar con cuidado todos los costos y beneficios sociales de una
acción comercial, y empeñarse solo en las acciones cuyo beneficios superan a
los costos. Las mejores decisiones, desde el punto de vista utilitario, son las
que producen el mayor bien para el mayor número de personas.
Muchas empresas adoptan herramientas concretas, como
análisis de costo y beneficio, y evaluación de riesgos, con una base sólida en
el utilitarismo. Los administradores acostumbran ponderar los beneficios y
costos de una acción antes de emprenderla. Una compañía petrolera que piensa
perforar en una reserva de la fauna tiene que ponderar las ventajas económicas
de aumentar la producción de petróleo y la generación de puestos de trabajo
contra los costos de la degradación de un ecosistema frágil.
Con todo su atractivo, el utilitarismo tiene graves
inconvenientes como enfoque de la ética empresarial. Un problema es la medición
de beneficios, costos y riesgos de una acción antes de emprenderlas. En el caso
de la petrolera que estudia perforaciones ¿Cómo medir el daño potencial al
ecosistema de la región? En general, los filósofos utilitaristas aceptan que no
siempre es posible medir los beneficios, costos y riesgos, en principio por
falta de conocimientos.
El segundo problema del utilitarismo es que no
considera a la justicia. El acto que produce el mayor bien para el mayor número
de personas puede provocar una situación injusta de una minoría. Tal acto no
puede ser ético, precisamente porque es injusto. Por ejemplo, supongamos que
con el interés de mantener bajos los costos de los seguros médicos, el gobierno
decide examinar a las personas para saber si tienen SIDA y negar la cobertura a
los cero positivos. Al reducir los costos de la atención médica, este acto
traerá grandes beneficios a un gran número de personas, pero se trataría de un
acto injusto porque discriminaría sin razón a una minoría.
La ética kantiana se basa en la filosofía de Immaunel Kant (1724-11804).
Sostiene que las personas sostienen deben ser tratadas como fines y no
puramente como medios para los fines de otros. Las personas no son
instrumentos, como las maquinas. Tienen dignidad, y quieren que las respeten
como tales. Explotar a la gente en el trabajo, obligarla a laborar muchas horas
por poco sueldo y malas condiciones, es una falta de ética porque de acuerdo
con la filosofía kantiana trata a las personas como los engranes de una máquina
y no como seres morales conscientes que tienen dignidad. Aunque los filósofos
morales contemporáneos consideran incompleta la ética kantiana (por ejemplo, el
sistema no deja lugar para las emociones ni sentimientos morales, como la
simpatía o el interés por los demás),
aún resuena en el mundo moderno la noción de que debe respetarse a la genta y
tratarla con dignidad.
En el siglo XX aparecieron las teorías de los derechos, que afirman que
los seres humanos tenemos derechos y privilegios esenciales que transcienden
culturas y fronteras nacionales. Los derechos establecen la mínima conducta
moral aceptable. Una definición común de derecho fundamental lo define como
aquel que tiene la prescindencia sobre el bien colectivo. Así, diríamos que el
derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental que tiene
precedencia sobre el interés del Estado en la
armonía civil o el consenso moral. Los teóricos de la moral afirman que
los derechos humanos esenciales forman la base de la guía moral con que deben
conducirse los administradores cuando toman decisiones que tienen un componente
ético. Más precisamente, no deben realizar actos que lesionen estos derechos.
La idea de que hay derechos fundamentales que
trascienden las culturas y las fronteras
nacionales fue el estímulo básico de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, firmada por casi todos los
países del planeta y que sienta principios básicos que deben acatarse siempre,
sin que importe la cultura en la que se opere. Al secundar la ética kantiana,
en el artículo I de la declaración se afirma:
Art. 1
Todos los seres
humanos naces libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.}
En el artículo 23 de la declaración que se refiere al
trabajo, se lee:
1.
Toda
persona tiene derecho al trabajo a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2.
Toda
persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual.
3.
Todo
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social
4.
Toda
persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
derechos.
Lo que implican que es inmoral recurrir al trabajo
infantil en las fábricas de explotación laboral y pagar menos que el salario de
subsistencia, aunque sea una práctica común en algún país. Son derechos humanos
fundamentales que trascienden las fronteras nacionales.
Es importante advertir que junto con los derechos
surgen las obligaciones. Como tenemos el derecho a la libre expresión, también
estamos obligados a respetar la libre expresión de los demás. La noción de que
las personas tienen obligaciones se anuncia en el artículo 29 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos:
Art. 29: Toda persona tiene deberes
respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y
plenamente su personalidad.
En el contexto de una teoría de los derechos, algunas
personas o instituciones están obligadas a dar prestaciones o servicios que
resguarden los derechos de los demás. Estas obligaciones recaen también en más
de una clase de agente morales (un agente moral es toda persona o institución
capaz de realizar actos morales, como un gobierno o corporación).
Las teorías de la justicia pretenden lograr una distribución justa de
los bienes y servicios económicos. Una distribución justa es la que se
considera imparcial y equitativa. No hay una sola teoría de la justicia, y las
que hay se contradicen en varios aspectos importantes. Aquí nos concentraremos
en una teoría en particular, que además de ejercer mucha influencia, tiene
indicaciones éticas relevantes. Se trata de la teoría del filósofo John Rawls,
quien argumenta que todos los bienes y servicios económicos deben distribuirse
de manera equitativa, excepto cuando tal distribución redunde en una ventaja
para alguien.
Según Rawls, los principios validos de la justicia son
aquellos con las que todas las personas estarían de acuerdo si considerasen la
situación con libertad e imparcialidad. La imparcialidad se garantiza con un
medio conceptual que Rawls llama el velo de ignorancia. Debajo del velo se
imagina a todos ignorantes de características personales, como raza, sexo,
inteligencia, nacionalidad, origen familiar y talentos especiales. A
continuación, se pregunta qué sistema diseñaría la gente bajo un velo de
ignorancia. En estas condiciones, la gente estaría unánimemente de acuerdo en
dos principios fundamentales de justicia.
El primero es que a cada persona debe permitírsele la
mayor libertad básica compatible con una libertad semejante para los demás.
Rawls considera que este conjunto de derechos comprende la libertad política
(por ejemplo, el derecho al voto), la libertad de expresión y de reunión,
libertad de conciencia y de pensamiento, libertad y derecho a la propiedad
personal, y garantía contra detenciones y arrestos arbitrarios.
El segundo principio es que cuando se garantiza la
igualdad de las libertades básicas puede permitirse la desigualdad en la posesión
de los bienes sociales básicos (como el ingreso, la distribución de la riqueza
y las oportunidades) solo si beneficia a todos. Rawls acepta que las
desigualdades pueden ser funcionales si el sistema las produce para ventaja de
todos. Más en concreto, formula lo que llama el principio de la diferencia, que
consiste en que las desigualdades se justifican si benefician la posición de
menos aventajados. Así, por ejemplo las grandes variaciones en ingreso y
riqueza se pueden considerar justas si el sistema de mercado que produce esta
distribución desigual también beneficia a los miembros menos favorecidos de la
sociedad. Cabe argumentar que eso es justamente lo que hace una economía de
mercado bien regulado y de libre comercio cuando promueve el crecimiento
económico. Por lo menos en principio las desigualdades inherentes a ese sistema
son, entonces, justas (en otras palabras, la pleamar del aumento de la riqueza
que genera una economía de libre mercado y comercio levanta todas las
embarcaciones, aun las más deterioradas).
En el contexto de los negocios internacionales, la
teoría de Rawls adopta una perspectiva interesante. Los administradores deben
preguntarse si las políticas que adoptan en sus operaciones en el extranjero se
deben considerar justa tras el velo de ignorancia. Por ejemplo, ¿Es justo pagar
a los trabajadores de otro país menos que a los de la patria de la empresa? De
la teoría de Rawls se desprende que si lo es, siempre que la desigualdad
beneficie a los miembros menos aventajados de la sociedad mundial (que es lo
que indica la teoría económica). De otro modo, es difícil imaginar que los
administradores bajo el velo de ignorancia puedan diseñar un sistema en el que
se pague a los empleados extranjeros sueldo de subsistencia a cambio de largas horas
en condiciones de explotación y exposición a materiales tóxicos. Según la
teoría de Rawls estas condiciones trabajo son injustas y, por lo tanto, es
inmoral aceptarlo. Del mismo modo, bajo el velo de ignorancia, la mayoría de la
gente diseñaría un sistema que confiriera cierta protección contra la
degradación ambiental de los recursos comunes planetarios, como los mares, la
atmosfera y los bosques tropicales. En la medida en que esta degradación se
produzca, se deduce que es injusta y por extensión, inmoral, que los actos de
las compañías contribuyan al deterioro de los recursos comunes.
Por todo ello
el velo de ignorancia de Rawls es una herramienta conceptual que aporta una
guía moral a los administradores para superar problemas morales complejos.
NEGOCIOINTERNACIONALES: COMPETENCIA EN EL MERCADO GLOBAL. HILL, Charles W. L..
Editorial: Mc Graw-Hill.
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